LOS MITOS DE VILLALOBOS Y LA REALIDAD DEL NARCO EN MÉXICO
Gerardo de la Concha y Federico Piña*
En el número anterior de Nexos, se publicó un ensayo de Joaquín Villalobos,
titulado “Doce mitos de la guerra contra el narco”. Villalobos es actualmente
consultor para la resolución de conflictos internacionales y antes fue uno de
los cinco comandantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
de El Salvador. Con el sobrenombre de Fermán Cienfuegos, Villalobos fue uno de
los principales impulsores de la búsqueda de la paz, de hecho uno de los
artífices de los acuerdos para acabar con la guerra en ese país centroamericano.
Acuerdos que se firmaron por cierto en México, en el Castillo de Chapultepec,
mismos que en su honor llevaban su nombre. Recordamos esto, porque nos sorprende
la tendencia “guerrerista” del ensayo y más nos sorprende encontrarlo con una
ausencia preocupante de rigor conceptual, de definiciones, de precisiones, de
conocimiento mínimo de la historia del crimen organizado en México, del cual el
narcotráfico es su faz más violenta, cuando menos mediáticamente, porque tan o
más violentos son los secuestros, las extorsiones, los asesinatos de periodistas,
luchadores sociales o los feminicidios.
El gobierno del presidente Felipe Calderón anunció una guerra para combatir el
narcotráfico, la cual aseguró será larga y costará muchas muertes. En efecto, la
guerra del presidente Calderón ha costado miles de muertes (más de 17 mil, hasta
diciembre del año pasado), y también será larga según ha reiterado. Y lo será
porque sus objetivos, alcances y metas nunca han sido claras, justificables,
medibles. Los diagnósticos sobre los que el gobierno actual ha basado su acción,
no señalan rumbos, metas, objetivos, que sean medibles, cuantificables,
auditables, social y técnicamente.
Lo anterior ha generado que el debate acerca de la viabilidad o no del camino
escogido, haya discurrido sobre la base de las inquietudes, los gustos, las
opiniones, los rumores, las apreciaciones, pero sobre todo por el voluntarismo,
de los actores sociales, políticos y económicos, nunca con base en datos,
análisis, razonamientos. La intolerancia del “estás conmigo o con mi enemigo”,
se sostiene actualmente como la única disyuntiva por parte del gobierno y de
quienes aprueban su estrategia de guerra, y se ha adueñado de las páginas de
medios de comunicación y de los espacios de los medios electrónicos. El “estás
conmigo o con mi enemigo” se entiende como: “no hay otro camino que la guerra y
quien opine lo contrario o es ingenuo o busca que el gobierno ceda ante los
narcos”. Ubicada así la alternativa quien esgrima otra postura puede sufrir la
descalificación como un cómplice inconciente o conciente de los narcos. Quizás
esta intolerancia es ya uno de los frutos de un estado de guerra real.
El texto de Villalobos pretende precisamente darle una cobertura de razonamiento
y análisis a las posiciones que sólo aceptan un camino para enfrentar el flagelo
de la delincuencia. Por desgracia para el debate y la razón, Villalobos de
entrada se coloca en el lado de la intolerancia al señalar que las críticas, o
supuestas críticas, al camino de la guerra son sólo “mitos”, es decir fantasías
o falacias, o más benignamente ingenuidades de ilusos que desconocen los
mecanismos de la guerra, como sí los conoce un guerrero como Villalobos.
El ensayo es un conjunto bien redactado, pero que carece de rigor conceptual (no
se precisan una serie de conceptos que se señalan), y contiene medias verdades y
sofismas que tratan de llevar el debate hacia el derrotero que el sofista quiere
o en el que se siente más cómodo. El sofisma es contrario al método dialéctico,
por que este se opone a la técnica retórica del sofista y busca crear
certidumbres duraderas en el interlocutor. Crear sofismas y responderlos, es
como debatir de frente al espejo. Exponer tesis, argumentarlas, razonarlas y
defenderlas, esto está ausente del campo de análisis de Villalobos.
Por lo anterior, Villalobos exculpa al gobierno de la falta de debate, porque
“el combate al narco en condiciones democráticas, (¿?) ha creado dificultades
para entender la información y los resultados de la guerra, ello ha dado lugar
al surgimiento de mitos sobre la guerra”, más claro, ni el agua. Nosotros
afirmamos lo contrario, los mitos surgen cuando no existe información clara
sobre los hechos, no hay debate razonado y no se permite el razonamiento crítico.
La declaración de guerra al narcotráfico por parte del gobierno de Felipe
Calderón, ha sido básicamente apoyada en el discurso de garantizar la paz y la
seguridad de los mexicanos, por recuperar espacios que el narco tenía copados y
por terminar con la violencia asesina que el accionar de los cárteles de la
droga impone. ¿Son éstas suficientes condiciones de “emergencia” para sumir al
país en un baño de sangre no conocido desde los tiempos de la “guerra sucia” y
que, de hecho, la supera ya en términos numéricos? El gobierno actual ha
rebatido con coraje la tesis del “Estado Fallido”. Bien, si no hay peligro de
ingobernabilidad, si no hay una emergencia tal que atente contra las
instituciones, si el país puede continuar su ritmo, con las instituciones
fundamentales de la República funcionando sin problema, ¿por qué tener al
Ejército y a la Marina en las calles combatiendo y alterando la paz y la
seguridad de los mexicanos, cuando se afirma que se busca lo contrario? A esto
no responde el texto de Villalobos, o lo hace con una afirmación no demostrada:
no había de otra.
En realidad dos tesis se enfrentan, una, extendida por la vox populi, es que el
Presidente Calderón tomó esta decisión como una forma de legitimarse ante los
cuestionamientos de su arribo al poder; otra, es la de que la situación heredada
del sexenio de Vicente Fox (y de los otros recientes) en este ámbito, el del
narco, no dejó más que esta salida. Para evitar las especulaciones, el juicio
debería radicarse ahora en responder dos aspectos cruciales: a) ¿la estrategia
de guerra está fortaleciendo o debilitando el Estado de Derecho?; b) ¿gracias a
esta estrategia la población está viendo reestablecida su tranquilidad
perturbada por los criminales?
La decisión por parte del Presidente Felipe Calderón de crear un estado de
guerra interno ha sido grave, más allá de la retórica discursiva e incluso al
margen de sus fundamentos legales. (1) Al separar la AFI de la PGR, es decir, al
eliminar en la práctica el control del ministerio público federal sobre la
fuerza policiaca, y al dar vía libre a las operaciones militares en las calles
como el punto central de la estrategia y no como el soporte a una acción
integral, consideramos que se está vulnerando en su esencia al Estado de derecho.
Y por esa misma razón, la respuesta a la segunda cuestión también es negativa,
pues no se está restableciendo la tranquilidad de los ciudadanos -ámbito básico
del Estado de derecho en un Estado democrático y no autoritario-, pues los
civiles comienzan a estar atrapados entre dos fuegos: el del gobierno y el de
los criminales. En una operación policiaca –incluso con apoyo militar- preservar
la seguridad de los civiles es prioritaria; mientras que en un estado de guerra
los perjuicios a los mismos se consideran daños colaterales. (2)
En su primer sofisma, Villalobos señala, como un punto de quienes nos oponemos a
esta estrategia de guerra: “No se debió confrontar al crimen organizado”.
Preguntamos: ¿quién afirma esta locura? No confrontar al crimen organizado sería
una irresponsabilidad del tamaño tal como si se dejaran de perseguir los delitos,
el secuestro, los asaltos, los asesinatos, el robo de autos, el tráfico de
personas, el tráfico de drogas, etc. Sería renunciar a las funciones básicas del
Estado. Esto, sin duda, nadie, excepto los delincuentes, lo propondría.
La violencia generada por los grupos que tienen como actividad principal el
tráfico de drogas, se incrementó a fines de la última década del siglo pasado,
cuando el gobierno de los Estado Unidos logró importantes éxitos en el
sellamiento de sus fronteras para la entrada de drogas a su territorio; esto
generó que la droga, la cual antes sólo pasaba por el país, ahora tuviera que
quedarse para su consumo aquí. Adicionalmente, las condiciones de intercambio y
de compra y venta de la droga entre los cárteles mexicanos y sudamericanos se
modificaron, por lo que súbitamente los primeros tuvieron en sus manos una
inmensa cantidad de droga y llenaron las calles con ella, lo que generó una
lucha por espacios, redes, logística, soportes de circulación seguros, etc.
Según las notas periodísticas y los propios reportes oficiales, al parecer los
cárteles tuvieron la capacidad para adecuarse muy rápido e está “nueva dinámica”
y tendieron una red de distribución a través de mecanismos como las llamadas “narcotiendas”.
Sin embargo, las disputas por territorios, canales de distribución, soportes de
apoyo, cadenas de corrupción, etc., se recrudecieron. (3) Surgieron “barones” de
la droga voraces y sanguinarios y el flagelo se hizo evidente, asociado a otros
delitos como el secuestro o el comercio de piratería.
Ante este escenario, el gobierno de Calderón decidió enfrentar prioritariamente
a los grupos que se dedicaban al tráfico de drogas, ya que eran ellos quienes
mayormente generaban la violencia en las calles del país. Afirma Villalobos que
entonces surgieron críticas sobre la falta de inteligencia previa, de operativos
reactivos, que el gobierno sólo actuaba por interés político y que también se
dijo que la intervención del gobierno había “empeorado el problema”.
Si bien es cierto que los distribuidores de droga actuaban casi a la vista de
todos en algunas zonas, lo es también que el gobierno desconocía la estructura
de las organizaciones, sus fortalezas, sus canales de distribución, sus métodos,
el poder de fuego con que contaban, sus redes de apoyo, la complicidad de
servidores públicos, etc. Una serie de factores clave para enfrentar con mayor
precisión a estos grupos. En el transcurso de la lucha y ya cargando miles de
muertos, el gobierno se fue enterando de que los Cárteles contaban con mejor
armamento, estaban mejor organizados de lo que se suponía, tenían mejor equipo
de comunicación, rastreo y escucha que el gobierno y, sobre todo, que habían
construido un “caballo de Troya” en el corazón mismo de las instituciones
encargadas de aplicar la ley. ¿Era necesario un trabajo de inteligencia previo?,
la respuesta es ociosa.
Se asegura en el texto, y lo ha dicho públicamente el consultor Villalobos, que
el gobierno mexicano se está convirtiendo en una “potencia en seguridad”, porque
está utilizando, como ningún otro país, toda la fuerza del Estado. Afirmamos que
esto es una mentira. Precisamente aquí radica el centro del debate. Nosotros
aseveramos, categóricamente, que el gobierno está entrando en el pantano de la
“guerra permanente”, (4) es decir, una guerra sin fin que en lugar de
convertirnos en una supuesta “potencia en seguridad” terminaría debilitando al
Estado como garante del orden, el derecho y la seguridad de los ciudadanos,
precisamente por no utilizar toda la fuerza del Estado para enfrentar
eficazmente, ahora sí, a la delincuencia organizada. Las posiciones guerreristas
no se cansan de debatir acerca de la utilización de la fuerza del Estado,
entendida maniquea y minimalistamente como la fuerza de las armas. (5)
El delito es un hecho social y ahí, en el ámbito social, es preciso desarrollar
las políticas públicas que permitan revertir, atenuar y, en algunos casos,
terminar en definitiva con los principales generadores de la incidencia
delictiva. El gobierno de Felipe Calderón no ha elaborado una política de Estado
para combatir con toda la fuerza del mismo, es decir, integralmente, a la
delincuencia organizada. No existe una sola política pública encaminada a la
consecución de este objetivo. Hay un sin fin de planes, acciones, operativos,
pero todos inconexos, a veces traslapándose, en ocasiones montándose unos sobre
otros impidiendo su funcionamiento. (6)
Hemos sido testigos de la muerte innecesaria de miembros de las fuerzas de
seguridad (soldados y policías) y de civiles inocentes, por la ausencia de
coordinación, de conocimiento del terreno y por trampas puestas por aquellos
funcionarios que se han coludido con los delincuentes.
En este contexto, la intervención del Ejército, a pesar de los importantes
éxitos obtenidos, de la captura de delincuentes, del decomiso de droga y dinero,
no ha sido tan contundente como se hubiese pensado. Porque en la guerra
interior, que es en la que el Ejército combate, se genera la ruptura de la
unidad, de la solidaridad de las clases, se termina con la paz y las ciudades se
mueren, sí solo se actúa con la fuerza de las armas. Es decir se produce todo lo
contrario de lo que el discurso oficial señala.
¿Quién está en contra de la intervención del Ejército en la lucha contra los
Cárteles de la droga? Excepto los delincuentes, nadie. Esta intervención ya se
daba en los gobiernos priistas, en los cuales el Ejército destruía plantíos y
aseguraba laboratorios en rincones de la geografía nacional; se dio claramente
durante una parte del gobierno del Presidente Vicente Fox, donde apoyaba
operativos de la Procuraduría General de la República, PGR, encabezada por el
general Manuel Macedo de la Concha. Lo que se ha señalado y nosotros
argumentamos, es que esta intervención debe estar arropada por una acción
integral del Estado en su conjunto. Las acciones contra la delincuencia
organizada deben tener un enorme arraigo y legitimación social. El Ejército debe
ser recibido como parte de la solución, como un integrante fundamental de la
fuerza estatal y en el marco de las políticas públicas para resarcir el tejido
social, que actualmente las acciones violentas y las sólo punitivas del gobierno
han contribuido a estirar hasta casi el rompimiento.
Afirma Villalobos que: “El nivel de violencia actual en México deja bien claro
que el monstruo era real, fuerte y peligroso. Ante un escenario así hay dos
principios fundamentales para actuar: determinación y velocidad”. Después de
tres años, el gobierno, perdón, Villalobos se entera que el “monstruo era real,
fuerte y peligroso”. Diagnósticos adecuados y labor de inteligencia habrían
ahorrado sufrimiento en miles de hogares mexicanos. Ante esta situación, la
vertiente guerrerista, insurgente, rebelde del ex comandante sugiere:
“determinación y velocidad”. Nosotros exigimos políticas públicas en materia de
prevención social, planes integrales, diagnósticos certeros, mapas criminógenos,
capacitación de cuerpos policíacos, respeto a los derechos humanos, creación y
coordinación de centros de emergencia para la atención ciudadana, (7) en fin,
una política de Estado integral, que eche a andar toda la maquinaria estatal,
que permita la recuperación efectiva de los espacios públicos, para declarar la
paz y recuperar lo más posible la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos.
Un verdadero mito es generalizar y universalizar algo que tiene sus propias
dinámicas internas y externas. Villalobos trata de debatir acerca de la
“colombianización” mexicana, y cuando se refiere a ese país, sólo habla de
Medellín. Excluye, por desconocimiento o porque entonces su sofisma se derrumba,
a ciudades como la capital Bogotá, o Cali, en donde el poder de los Cárteles
era, y en muchos sentidos es, igual o más grande que los de Medellín. Y los
excluye porque al analizarlos debería saber que el Plan Bogotá puso en
movimiento al aparato estatal en su conjunto, incluidas las fuerzas armadas, en
colaboración estrecha con la sociedad y por ello hubo éxitos importantes y
rápidos.
Ahora bien, asumiendo al argumento de Villalobos, como decíamos arriba, si el
Estado mexicano no es un Estado fallido, si es más fuerte que Colombia, entonces
de qué tipo de emergencia estamos hablando. Porque saltar del concepto
“agravamiento de la violencia”, al de “amenaza a la seguridad nacional”, para
justificar una posición, sin aclarar qué tipo de amenaza se trata, pervierte el
debate.
Postula Villalobos que “el intenso debate sobre la inseguridad es señal de
agravamiento” de la misma, ya que donde el crimen organizado es fuerte no hay
crítica ni libertad de expresión”. Sólo que en México en donde no se tolera la
crítica, ni un pensamiento distinto es en las esferas que sólo reconocen un
camino, ahí se impone la soberbia y se señala a los opositores casi como si
fuesen enemigos. Tan sólo veamos la respuesta del gobierno federal a un reciente
señalamiento crítico de un gobernador del norte del país, fue desautorizado
prácticamente como cómplice de los criminales.
En el texto, Villalobos dice que quienes afirman: “tres años es mucho tiempo, el
plan ya fracasó”, se sustentan en factores emocionales y no en un análisis
objetivo de la realidad. Y pasa a señalar que en otros países la lucha, no la
guerra, ha durado muchos años, por tanto, tres serían casi nada en comparación.
Los países mencionados constantemente en el ensayo han sostenido una lucha
integral de larga duración con la delincuencia organizada, pero no han hecho una
declaración de guerra, por el contrario, su objetivo es conservar la paz. (8)
Porque la paz no es natural sino debe ser instituida, declarada y preservada. La
paz no es supresión de la violencia, sino contención de la misma; la paz, por
definición, nunca será un derivado de la guerra permanente, sino, frente al
fenómeno delictivo es y será una consecuencia de la aplicación del Estado de
derecho; necesitamos así una estrategia efectiva para la paz y no estrategia
fallida de guerra, fallida en los objetivos que se propone, pero funcional si se
quiere implantar un estado de guerra permanente: por lo demás impráctico,
desastroso y contrario al espíritu constitucional.
En México, el gobierno no ha puesto en su horizonte la paz, nos ha sometido a
todos a un estado de una guerra interna cuya dinámica es convertirse en una
guerra permanente. Ahí en donde interviene la autoridad federal, no se llega con
el objetivo de buscar la paz, se llega con la guerra. ¿Quién tiene la capacidad
de declarar la paz?, según Ikram Antaki sólo una autoridad soberana legal, que
tiene el monopolio de la fuerza legítima. (9)
Si analizamos las cifras oficiales, si nos atenemos a las estadísticas y los
estudios de organismos particulares como el ICESI, en donde se concluye que el
consumo de drogas no disminuye, por el contrario aumenta, sobre todo entre los
niños y jóvenes, y que los mexicanos no se sienten seguros, podríamos concluir
también, que los resultados obligan a revisar lo realizado y a estructurar una
verdadera estrategia que tenga como finalidad declarar la paz. Se nos acusa de
que entonces se cede ante el narco, falso, queremos por el contrario que el
Estado utilice toda su fuerza para declarar la paz.
En el caos de la guerra frente a los Cárteles, no en la lucha legal y decidida
integralmente en su contra, terminan siendo más fáciles las complicidades reales
y luego, como en la novela de Chesterton, Un hombre llamado Jueves, resulta que
todos los terroristas son policías y viceversa.
Dice Villalobos que hay quien afirma que “primero hay que acabar con la
corrupción y la pobreza”. La inseguridad pública es un fenómeno multifactorial,
es decir, no surge por generación espontánea, ni como producto de uno o dos
factores aislados.
Se desarrolla, crece y multiplica ahí en donde se generan condiciones sociales
para ello. Por la pérdida de valores, por la desintegración familiar, por la
ausencia de acceso a fuentes de trabajo, de educación, de esparcimiento, de
recreación, por la ausencia de infraestructura y servicios básicos, en lugares
en donde no existe siquiera un “piso básico” de bienestar.
Porqué en muchas comunidades, se prefiere sembrar droga por alimentos, ¿porque
son “malos” o porque carecen de opciones?, ¿por qué en infinidad de colonias, de
clase media para abajo, existen familias enteras dedicadas a delinquir?, ¿por
qué, en miles de calles del país vemos parados o deambulando a cientos de
jóvenes y niños?, porque no pudieron ingresar a la educación, o porque no tienen
trabajo o porque no hay cines, ni deportivos para que se ejerciten o
entretengan. (10) Es decir, en esos lugares el Estado y toda su fuerza deja de
actuar, se generan amplios espacios de ingobernabilidad, entendida como la
inacción del gobierno, y los espacios físicos se ocupan por los maleantes. Las
bandas se nutren a diario de esa reserva que el Estado abandona. Iztapalapa,
Gustavo A. Madero, Coyoacán, Ciudad Juárez, Morelia, Guadalajara, etc., etc.,
son claros ejemplos de que el Estado no emplea toda su fuerza y cuando se ocupa,
los jóvenes son vistos como criminales, y no como lo que son muchas veces:
víctimas de la inacción del Estado. Esa es la realidad.
Afirma Villalobos, sin ejemplos, como en todo su texto, que: “no se puede entrar
a una zona dominada por poderes mafiosos con planes de asistencia tipo madre
Teresa y tampoco es previsible incentivar la participación ciudadana en zonas en
donde el narco tiene atemorizada a la sociedad”. Falso. El autor ignora ejemplos
y experiencias en el mundo, en donde en medio de la más feroz andanada de la
delincuencia organizada, la sociedad y el gobierno, poniendo en juego toda la
fuerza del Estado, lograron poner en marcha planes y programas, pero sobre todo
políticas públicas que impulsaron la participación ciudadana, precisamente para
arrebatarla de los brazos del temor a las mafias. Palermo, Bogota, Chile, Sao
Paulo, Madrid, Iztapalapa, son ejemplos claros de que se puede combatir a la
delincuencia organizada, organizando a la sociedad y elaborando políticas
públicas integrales, de prevención y de punición, no excluyentes, sino
complementarias.
Así, el debate no es entre si se combate al narco o no. Todos los sofismas que
elaboró el ex comandante Villalobos, hoy consultor, parten de ese falso
supuesto. Nosotros afirmamos que se debe profundizar la lucha contra la
delincuencia organizada utilizando toda la fuerza del Estado, con base en las
normas del Estado de derecho y no con su supresión de facto, teniendo como
horizonte medible la consecución de la paz y el aseguramiento de la tranquilidad
de los mexicanos. Es el momento de elaborar una política de Estado, de la que se
deriven las políticas públicas que permitan el despliegue de la fuerza estatal,
con la participación de todos los poderes: municipios, estados, Federación y,
sobre todo, la sociedad.
Políticas integrales que partan de diagnósticos certeros, de mapas criminógenos
útiles, de trabajo de inteligencia que permita identificar y definir con
claridad y precisión cuántos grupos existen, quienes los conforman, en dónde y
cómo operan, quienes o quién los protege, con una coordinación real a partir de
centros de emergencia para la atención ciudadana, de tal manera que ahora las
fuerzas de seguridad hagan “tiros de precisión” y no ráfagas tipo Rambo, y
además en donde, sin prescindir del Ejército -cuando se requiera su capacidad de
fuego y su disciplina-, tenga éste legitimación social y en su acción sea
“protegido” por la sociedad. Asimismo, en qué zonas trabajar en infraestructura,
en limpieza, en poda de árboles, en retirar tugurios, centros de prostitución,
cantinas y bares cercanos a las escuelas; capacitar a los miembros de los
cuerpos de seguridad pública municipales y estatales, dignificar su actuación,
lograr que la sociedad “se los gane”, arrebatarlos de la tentación del poder
corruptor del narco; en dónde recuperar espacios públicos para que las
comunidades y nuestros jóvenes y niños los hagan suyos; en qué lugares recuperar
lotes baldíos y predios abandonados para inhibir la violación y muerte de
nuestras niñas y jóvenes; cómo y con qué armas luchar contra las adicciones,
desde los hogares, las escuelas, los centros de trabajo, las instituciones.
Prevenir socialmente el delito, enfrentarlo con acciones certeras y eficaces,
son los fundamentos de una política de Estado, preservando el Estado de Derecho
y logrando declarar la paz, integralmente.
* Gerardo de la Concha, escritor, ha sido asesor en Presidencia de la República,
Gobernación y PGR; Federico Piña, fue Coordinador de Seguridad Pública en
Iztapalapa, creador de programas de seguridad escolar como Sendero Seguro,
también ha fungido como asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Notas
(1) Las controversiales modificaciones a la Ley de Seguridad Pública Federal
aprobadas por el Congreso el año pasado establecen normas que pueden vulnerar el
Estado de Derecho por los criterios arbitrarios para la operación de las fuerzas
de seguridad, circunstancia que no ha sido extraña en los Estados militarizados
o policiales; se entiende que ante la emergencia planteada por el Gobierno no
hubo mayor debate. Nuestra discusión es, sin embargo, básicamente sobre la
estrategia de guerra y no en torno a los formalismos legales a los que se puede
apelar; tampoco abordamos la polémica en torno a la legalización de las drogas;
nos negamos a admitir el falso dilema de que si no se legalizan sólo queda la
guerra como alternativa.
(2) Entre las 17 mil víctimas de la guerra habría que precisar aquellas que son
civiles inocentes, el problema es que en un estado de guerra interno se
consideran simplemente bajas. o como la jerga de guerra lo establece: son daños
colaterales. Es, por ejemplo, el caso de la madre de familia muerta en Juárez,
Nuevo León, cuyos dos hijos pequeños quedaron en estado de coma en un ataque
militar a un grupo de sicarios, o de los cuatro miembros de una familia muertos
en Apatzingán caídos en un fuego cruzado, ambos casos en noviembre del año
pasado, y parece que la tendencia sigue en la medida que se recrudece la guerra.
(3) En Iztapalapa, en la etapa de construcción de un programa de prevención
social del delito con participación ciudadana, ya en el año 2001, con base en la
denuncia ciudadana se elaboraron mapas criminógenos que señalaban el crecimiento
desmesurado de las narcotiendas, como parte de un nuevo fenómeno. Federico Piña,
entonces Coordinador General de Seguridad Pública reportó a la PGR estos datos,
señalando además el crecimiento de la violencia con que actuaban; un resultado
fue el trabajo conjunto para la desarticulación completa de poderosas bandas
locales.
(4) Tomás Hobbes, Leviatán, FCE, 1988. El Estado de guerra permanente se
convierte en ese Estado natural el cual “es un estado de desconfianza de todos
contra todos. La vida es solitaria, pobre, embrutecida y corta. Donde no hay
poder común, no hay ley, y donde no hay ley no hay justicia”.
(5) Usamos para el caso la distinción entre fuerza y violencia definida por
Georges Sorel, en Reflexiones sobre la violencia, Alianza Editorial, 1974.
(6) La descoordinación entre las fuerzas de seguridad a cargo del Ejecutivo ha
sido patente y observable con los otros niveles de gobierno; pero también es una
curiosa estrategia de guerra que le otorga la mayor responsabilidad al Ejército
al que sólo le aumenta el 20,6% del presupuesto este año, mientras que a la
Secretaría de Seguridad Pública Federal se le da el 90% de aumento, de acuerdo
con el presupuesto presentado por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de
Diputados.
(7) El gobierno federal y la mayor parte de los gobiernos estatales y
municipales están invirtiendo en el equipamiento represivo, pero no lo hacen en
aquellos procesos y tecnologías para atender las emergencias ciudadanas; un caso
distinto, por ejemplo, si lo comparamos con los Estados Unidos cuyo sistema de
seguridad pública le da una importancia central a la inversión para la atención
ciudadana y, por supuesto, al ingreso y preparación de sus policías.
(8) .Villalobos se sorprende que en Brasil la policía enfrente fuertemente a
narcotraficantes sin que sea noticia negativa para la imagen del país; hay que
decirlo: pues en gran medida es porque el Presidente Lula no ha declarado una
“guerra interna”, pero también por los procesos de fortalecimiento del Estado de
derecho, sustento para la proyección de liderazgo internacional de Brasil, tal
como lo sostiene Juan Carlos Calleros-Alarcón, autor de The Unfirished
transition to democracy in Latin America, New York/London, Routledge.
(9) Ikram Antaki. “El Manual del Ciudadano Contemporáneo”. Editorial Planeta
Mexicana, 2000, 2004, Pág 41. afirma además (Pág. 40) que “existe una
pacificación violenta, que engendra una paz inestable ya que suprime la
libertad: es el derecho del más fuerte, destinado al fracaso a largo plazo”.
(10) En Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo según el estudio del
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública (CCSP) cuya estadística en 2008 de
130 homicidios por cada 100 mil habitantes superaba el porcentaje de 40 en
Bagdad bajo la ocupación militar estadunidense; las cosas no han mejorado sino
empeorado y ya se convirtió en un lugar común decir que muchos de los
pandilleros y sicarios del narcotráfico en Ciudad Juárez son los jóvenes hijos
de las obreras de las maquiladoras quienes crecieron sin ningún tipo de
protección social, mientras sus madres, la mayor parte de las veces madres
solteras emigrantes, eran sobreexplotadas en las maquiladoras para competir con
“mano de obra barata”; pero casos similares pueden observarse en los lugares
donde el problema social y económico se traduce en inseguridad; por lo que sólo
se puede atender mediante políticas públicas de prevención social.
